Defensor de los Perjudicados caso “Acción Rural”
En febrero pasado del 2017 el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria para cuatro exdirectivos de la cooperativa Acción Rural y dictó sobreseimiento para 14 procesados a quienes se les ratificó la inocencia por el delito de peculado. Luis A. (gerente) y Nelson A. (contador), fueron sentenciados a 10 años de privación de libertad. Mientras que Clemencia S. (contratista) y Vilma M. (fiscalizadora) se les impuso 4 años de cárcel. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio para 18 procesados a pesar de ello solo cuatro personas recibieron sentencia.
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Apelación. Ayer, el Tribunal de Garantías Penales dictó una nueva sentencia tomando en cuenta la investigación realizada por la Fiscalía y las acusaciones particulares. Luis A. (gerente), Nelson V. (constador), Carla O. (tesorera), Ivanof Ll. (presidente del Consejo de Administración) y Tania R. (secretaria de dicho consejo), fueron sentenciados a 17 años y tres meses de privación de la libertad por el delito de peculado, además se les suspenderán los derechos de ciudadanía.
Otros. Para Carlos M. (fiscalizador), Clemencia S. (contratista), y Vilma M. (fiscalizadora), se les dictó 17 años y tres meses de cárcel, pues se demostró que sus conductas ocasionaron que fueran beneficiarios del dinero que se perjudicó a los socios de la cooperativa.
Cómplices. Por otro lado Ángel C., Miguel Q., Guillermo N., Oswaldo C., Jorge B., Pedro G., Víctor B., Diego G., vocales del Consejo de Administración. Carlos O. (jefe informático) y Javier C. (auditor externo) fueron sentenciados a 8 años y seis meses de privación de la libertad, puesto que sus actuaciones facilitaron los actos cometidos en la entidad.
Bienes. El tribunal dispuso además el “comiso penal” de los bienes descritos en el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para Luis A., Nelson V., Carla O., Ivanof Ll., Carlos M., Clemencia S., Vilma M. y Tania R.
Multa. Cada uno de los sentenciados deberán cancelar una multa de 60 salarios básicos unificados, es decir 22.500 dólares.
Investigación. También se dispuso oficiar a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las actuaciones del Consejo de Vigilancia de la cooperativa y la actuación de los servidores y funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) pues con sus actuaciones u omisiones “pudieron haber tenido alguna participación”, expresó Arellano. La SEPS deberá responder además sobre por qué la cooperativa Acción Rural tenía calificación de riesgo “A” si estaba en proceso de liquidación. Finalmente se investigará posibles delitos de testaferrismo y/o enriquecimiento privado injustificado de los parientes, hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, de todos los sentenciados.
Perjudicados. Los afectados por el cierre de la cooperativa se mostraron conformes con el resultado de la audiencia de apelación. Las emociones no faltaron y mientras unos lloraban otros gritaban que “al fin se hizo justicia”. El grupo de socios salió hacia el Hotel Tren Dorado en donde se han reunido a lo largo de estos dos años para analizar el resultado obtenido, lo hicieron acompañados de sus abogados: César Robles, Cristian Romero, Stalín Aldaz y Hernán Castillo, ya en la reunión agradecieron la gestión hecho por los abogados y pidieron mantener la unidad.
“Al fin se inauguró la justicia”. Carlos Ponce, representante de los perjudicados por el cierre de la cooperativa Acción Rural, señaló que la justicia brilló con este nuevo dictamen. “Se inauguró la justicia con los perjudicados de la cooperativa Acción Rural”, expresó. En la reunión sostenida con los afectados pidió mantener la unidad pues a pesar del buen resultado dijo “será necesario estar preparados para las nuevas acciones que vendrán en el futuro”.
Sentenciados. Los 18 sentenciados, deberán cumplir su pena en el Centro de Privación de la Libertad para Personas en Conflicto con la Ley, así se dijo ayer durante la audiencia.
Organismo. Pablo Fierro, otro de los perjudicados, en más de una ocasión señaló que la SEPS “tiene responsabilidad en lo ocurrido en la cooperativa”. Tema que será investigado.
Afectados. Se reconoció que todos los socios son víctimas y por tanto deben recibir el dinero que perdieron tras el cierre de al cooperativa. Se reconoce a todos los socios de la entidad.
Reparación. En la sentencia escrita constará el monto y la forma de reparación integral a todos los perjudicados que posean cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo.
Perjudicados. Los perjudicados hasta el momento han recibido 10.951 dólares como parte de las dos fases de pago que se han llevado a cabo en estos dos años de cierre de la cooperativa.
Pérdida. Existen varios millones de pérdida, para la devolución del dinero es necesario concretar la venta de todos los bienes que posee la entidad.
